Ya han pasado un poco más de dos (2) años desde la aprobación de la Ley universitaria 30220, que fue impulsada por el ex general Daniel Mora, que prometía ser la salvación a la educación superior-universitaria, terminar con las sedes encima de restaurantes, terminar con la corrupción de rectores, velar por la calidad académica y fortalecer el gobierno universitario con el voto universal. Todas esas cosas que no sucederán por su ya anunciado fracaso.

Aun cuando esta ley era proyecto, en el año 2013, el movimiento estudiantil mostró su rechazo hasta su aprobación. Denunciamos su carácter mercantil por no responder a la exigencia de la gratuidad de la enseñanza y su carácter intervencionista por la criminalización de la protesta. Han sido sobre estos dos ejes que la Ley universitaria se ha desarrollado durante estos dos años.

A meses de aprobada la Ley, la policía nacional y el Ministerio Público intervinieron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para cerrar el ‘’Comité de Comensales’’ y como no, desechar instrumentos musicales y material político que estaba dentro del local. A inicios de este año, en una segunda toma de la Federación Universitaria de San Marcos para evitar elecciones fraudulentas, la policía intervino la ciudad universitaria y desalojó a todos los estudiantes, incluso a los que viven en residencia. Ya lo habíamos dicho, esta ley solo buscaba criminalizar la protesta.

En sus pocos intentos de hacer funcionar esta ley, exigieron que todas las universidades a inicios del 2016 llamen a Asamblea Estatutaria y luego a las elecciones universales. Los más sonados por la prensa: Universidad Nacional Federico Villareal y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, universidades que fueron tomadas por sus estudiantes para sacar autoridades corruptas y donde la SUNEDU intervino rápidamente. Lo mismo sucedía en la Universidad Nacional Micaela Bastidas, de Apurímac, pero la SUNEDU se demoró meses en resolver, incluso tuvieron semanas haciendo esperar a los dirigentes de la federación UNAMBA en Lima, rogando a que este órgano que suplantó a la ANR les haga caso. Pero como no sonaba en los medios y no tomaban una universidad en la capital, eran invisibles. Solo enviaban al asesor de la superintendenta, una manera formal de ignorar al movimiento estudiantil.

Todas las universidades públicas llamaron a Asamblea Estatutaria para luego llamar a elecciones universales, por mandato de la ley, tuvieron un proceso normal, excepto las ya mencionadas. Sin embargo solo hemos hablado de las nacionales, ¿Y las universidades privadas?. Aquí nos vamos a demorar, hay mucho de qué hablar y desmentir.

Es totalmente falso que esta Ley pretenda eliminar la mercantilización de la educación. Ninguna universidad privada ha llamado a la Asamblea Estatuaria, excepto de la PUCP (Que no fue por mandato de la ley), y la SUNEDU no ha sancionado a sus autoridades por oponerse a la ley. También es falso que se haya llamado a elecciones universales en las universidades privadas, basta a ver al rector (Director Ejecutivo) de la Universidad César Vallejo que fue colocado a dedo tras la renuncia del impresentable Francisco Miró Quesada Rada, o ver las dirección de las escuelas profesionales, donde familiares de los congresistas de APP tienen estos cargos, o si queremos ser más explícitos veamos la filiación partidaria del Director Académico y Director General de la UCV-Sede Lima Norte; también podemos ver a los representantes eternos en las demás universidades privadas: Fidel Ramírez por la Universidad Alas Peruanas, José Antonio Chang por la Universidad San Martín de Porres. Solo por nombrar algunos. También es falso que la SUNEDU haya empezado con un proceso de acreditación y licenciamiento o que haya amenazado con cerrar facultades en estás universidades, a estás solo les ha bastado poner señalizaciones de evacuación en casos de sismo y estickers en las aulas para la cantidad de alumnos. Sin embargo en la Universidad Nacional de Huancavelica es distinto, la federación de estudiantes de esta universidad ha denunciado en el último congreso de estudiantes de la FEP, las intenciones que tiene la SUNEDU en cerrar sus facultades por no cumplir con la calidad académica y licenciamiento por su bajo presupuesto.

Las intenciones de esta Ley y la SUNEDU por acabar con la mercantilización de la educación y velar por la calidad académica o investigación son inexistentes. O al menos acabar con el negocio de la educación. La ANR al igual que la SUNEDU, no sirven.

Estamos convencidos, que la reforma universitaria que necesita esté país parte desde un orden constitucional. Acabar con la mercantilización de la educación es cambiar el modelo económico y establecer un plan curricular de educación para la sociedad. Democratizar la educación universitaria pasará por democratizar su superestructura política, es decir, cambiar el sistema.

Defender o alzar las banderas de ‘’en defensa de la universidad’’ es ignorar los problemas de la gratuidad de enseñanza que ya no existe, la libre cátedra y la pluralidad de ideologías y pensamientos, significa defender las universidades reaccionarias. Necesitamos refundar las universidades al servicio del pueblo.

Existen infinidad de problemas en las universidades del país y necesitamos darnos cuenta que está reforma universitaria ha fracasado, este modelo económico y sistema son obsoletos. Si el señor Jaime Saavedra sigue siendo Ministro de Educación o no, la crisis no cambiará. Esa no es la contradicción principal.